El bioquímico y ex empleado de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), Aldo Héctor Villavicencio, acudió a la Justicia Federal. Su presentación penal ante el Ministerio Público Fiscal apunta contra cinco altos directivos estatales. El especialista solicitó una orden judicial de urgencia para frenar un inminente peligro de contaminación generalizada.
La nómina de acusados incluye a los conductores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Subsecretaría de Asuntos Nucleares. La acción legal también alcanza a los directores que representan a Neuquén y a la Nación en la firma ENSI. Todos ellos son señalados por desatender la seguridad operativa del predio.
La planta neuquina permanece paralizada desde hace casi una década por decisiones de política energética. El conflicto se agravó el 31 de octubre de 2025, fecha en que caducó de forma definitiva el contrato de mantenimiento. La autoridad nuclear nacional optó por interrumpir el financiamiento que garantizaba la estabilidad del lugar.
A pesar de la falta de presupuesto oficial, el operador técnico continúa con las labores críticas de preservación. Dichas tareas se autofinancian con las ganancias obtenidas en el rubro petrolero de la misma corporación provincial. Esta situación irregular genera una deuda millonaria que pone en jaque la continuidad de los trabajos.
El denunciante alertó sobre el almacenamiento interno de fluidos industriales altamente tóxicos y combustibles. Las cañerías resguardan grandes volúmenes de amoníaco concentrado, amiduro de potasio, nitrógeno e hidrógeno pesado. El deterioro del equipamiento por falta de supervisión profesional representa una amenaza constante para las comunidades vecinas.
“La falta de mantenimiento adecuado puede derivar, en cualquier momento, en fugas, derrames o explosiones con consecuencias impredecibles”, reza textualmente el documento entregado a las autoridades judiciales. Los daños ambientales severos se concentrarían principalmente sobre el agua del río Limay.
La presentación tipifica el comportamiento oficial bajo las figuras de fraude contra la administración pública y abandono de funciones. El escrito reprocha a los directores de la compañía operadora su total pasividad ante el prolongado impago. Hasta el momento no se registran intimaciones formales ni demandas de cobro contra el Estado nacional.
La cautelar exige el restablecimiento inmediato de los fondos por parte de la CNEA en un término de cinco jornadas hábiles. El requerimiento abarca los sueldos del personal especializado y las partidas para monitoreo ambiental permanente. De persistir el incumplimiento, la administración neuquina tendrá que asumir el control financiero de la planta.
