El gobierno de Río Negro reactivó sus reclamos hacia el Ejecutivo nacional por la distribución del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Dicho fondo, alimentado por el impuesto a los combustibles, recaudó 1,2 billones de pesos durante el año 2025. Para el presente período, las estimaciones oficiales proyectan que ese monto alcanzará los 2 billones de pesos.
Las autoridades provinciales señalan que la falta de envío de estos recursos impacta de lleno en las arterias viales. La parálisis en las partidas destinadas al mantenimiento y la obra pública aceleró el deterioro del asfalto. El mal estado de la calzada genera constantes quejas por parte de los conductores que transitan la región.
El impacto económico de este gravamen muestra cifras millonarias a nivel nacional durante los últimos meses. Entre enero y julio del corriente año, el impuesto a los combustibles generó ingresos por 3,5 billones de pesos. Dentro de esa masa de recursos, el fideicomiso vial acumuló casi 1 billón de pesos sin ser ejecutado en la provincia.
La problemática cobró mayor notoriedad recientemente tras las intensas precipitaciones registradas en la zona. Las lluvias de las últimas dos semanas agravaron la deformación de la cinta asfáltica en los tramos más transitados. Las Rutas Nacionales 22 y 151 figuran entre los corredores más afectados por la falta de obras.
El inconveniente de infraestructura no se limita únicamente a la zona del Alto Valle. La provincia cuenta con extensos trazados estratégicos como las Rutas Nacionales 40, 3 y 23. Todas estas vías conectan puntos clave de la cordillera, la Línea Sur y la costa atlántica rionegrina.
La administración provincial ha encabezado diversas presentaciones formales para destrabar el envío de estos montos. En instancias previas, el reclamo contó con el respaldo conjunto de la provincia de Neuquén. Sin embargo, las partidas continúan retenidas en la órbita central del gobierno nacional.
En este contexto, Río Negro busca avanzar en la negociación para asumir la gestión de las Rutas 22 y 151. Las tratativas atraviesan momentos decisivos debido a marcadas diferencias operativas entre las partes. La provincia condiciona el traspaso a la garantía de financiamiento para las reparaciones urgentes.
