Un aberrante episodio ocurrido en mayo de 2018 en dependencias de la Municipalidad de Roca sumó su último capítulo judicial con la confirmación de la expulsión del agente involucrado. El empleado público fue removido de su cargo tras ser grabado mientras orinaba sobre los elementos de trabajo de una compañera de oficina.
La víctima advirtió durante meses la presencia de manchas extrañas y olores desagradables en su escritorio. Ante la falta de respuestas, decidió instalar una cámara oculta en los parlantes de su computadora para descubrir el origen del problema.
Las imágenes obtenidas revelaron que un compañero compartía el espacio y realizaba la desagradable acción sobre sus pertenencias diarias. La trabajadora presentó inmediatamente la denuncia acompañada por el registro audiovisual ante las autoridades municipales competentes.
El procedimiento administrativo derivó en la intervención de la Junta de Disciplina del municipio para evaluar la gravedad de lo ocurrido. El organismo resolvió aplicar la cesantía definitiva del agente por incumplimiento de los deberes fundamentales de la función pública.
El sancionado solicitó la nulidad de su despido e inició un reclamo formal ante los tribunales del fuero laboral local. El exempleado buscó ser reincorporado y percibir indemnizaciones al cuestionar la validez técnica de la prueba en video presentada.
Respaldaron la actuación municipal y el valor probatorio
La defensa del demandante argumentó la existencia de supuestas irregularidades en la custodia del archivo informático aportado a la causa. Sin embargo, los peritajes audiovisuales confirmaron la autenticidad del material sin hallar rastros de alteraciones informáticas en el contenido.
Declaraciones testimoniales de otros agentes municipales coincidieron en señalar la percepción recurrente de olores nauseabundos en el sector. Estas declaraciones fortalecieron la reconstrucción de los hechos utilizada por los peritos judiciales para validar el proceso disciplinario.
El Superior Tribunal de Justicia intervino tras un recurso interpuesto por la Municipalidad y ordenó dictar una nueva resolución integradora. De esta manera, el proceso volvió a la órbita de la Cámara Segunda del Trabajo de la ciudad.
Violencia de género y falta grave a las normas laborales
El tribunal examinó el caso bajo el marco normativo del estatuto municipal y la legislación de protección contra la violencia hacia las mujeres. Los jueces determinaron que la conducta constituyó un ataque directo hacia la dignidad e integridad psicológica de la trabajadora.
Las actuaciones demostraron que la agresión no fue un hecho fortuito sobre bienes públicos, sino una acción dirigida hacia la víctima. Se valoró que la conducta afectó gravemente la seguridad personal y el entorno donde la empleada desempeñaba sus labores cotidianas.
Finalmente, la Cámara rechazó de manera íntegra las demandas de reincorporación, el cobro de salarios caídos y la indemnización por daño moral. Con este fallo, la Justicia ratificó la validez legal de la cesantía dispuesta originalmente por la gestión municipal de Roca.
