La disputa entre la cooperativa eléctrica CALF y la Embajada de Estados Unidos sumó este viernes una nueva página. La distribuidora neuquina confirmó que aceptará la reunión propuesta por el embajador Peter Lamelas, pero insistió formalmente en la entrega de respaldos técnicos. La prestataria exige conocer las pruebas que fundamentan los cuestionamientos emitidos desde la sede diplomática.
A través de una misiva oficial dirigida a la representación estadounidense, la conducción cooperativa expresó su predisposición al diálogo directo. Los directivos manifestaron formalmente que la institución “recibirá y analizará toda información, criterio o estándar técnico” que decida presentar la Embajada. Sin embargo, recalcaron que hasta el momento no han recibido objeciones documentadas sobre sus proveedores.
El presidente de la entidad, Marcelo Severini, encabezará la comitiva que recibirá a Lamelas en la capital neuquina. La cooperativa ofreció sus instalaciones para que la delegación extranjera constate la infraestructura eléctrica y el despliegue de fibra óptica. Con esta invitación, la administración busca transparentar el funcionamiento de los servicios que abarcan hasta la zona de Vaca Muerta.
Desde la conducción de la distribuidora solicitaron que cualquier sugerencia sobre empresas alternativas sea entregada formalmente por escrito. Las autoridades remarcaron la necesidad de analizar informes verificables para tomar decisiones operativas en la red urbana. En el texto enviado argumentaron que “conocer la realidad de primera mano es la mejor manera de comprender quiénes somos, cómo decidimos y por qué”.
El pedido de informes detallados responde al impacto de las advertencias migratorias emitidas previamente por la representación norteamericana. La cooperativa enfatizó que tomar resoluciones administrativas sin fundamentos claros vulneraría las decisiones soberanas de sus órganos de gobierno. La respuesta diplomática a esta solicitud definirá los pasos a seguir en la relación bilateral.
Las autoridades recordaron que las redes locales integran equipamiento multiproveedor procedente de Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia. Las contrataciones se ejecutan mediante criterios económicos y normativas aprobadas por el Instituto Nacional de Economía Social. Cualquier firma interesada en prestar servicios debe someterse a los reglamentos de compras vigentes.
