El conflicto institucional en Allen escaló al fuero penal en medio del proceso de revocatoria contra el intendente Marcelo Román. El jefe comunal objetó judicialmente las firmas respaldatorias del pedido en su contra. Por su parte, tres concejales formalizaron una acusación contra el mandatario por el manejo de fondos de regalías petroleras.
El trámite de revocatoria transita su segunda semana de recolección de avales tras la solicitud inicial de la vecina Silvina Cantero. La etapa exige reunir el equivalente al veinte por ciento del padrón electoral para convocar a un Referéndum Popular.
Frente a este escenario, Román acudió a la Fiscalía Descentralizada para denunciar la eventual falsificación de planillas presentadas ante el cuerpo legislativo. El intendente requirió investigar posibles delitos vinculados al uso de documentación apócrifa en los registros de adhesiones.
Román fundamentó su presentación en la existencia de firmas presuntamente ilegibles o pertenecientes a personas no empadronadas. Asimismo, cuestionó al Concejo Deliberante por avanzar con el procedimiento sin otorgarle acceso previo a la documentación original planteada.
Cruce de denuncias y sospechas sobre fondos públicos
En respuesta, el presidente del cuerpo, Fabián Figueroa, junto a los ediles Guillermo Pennesi y Agustina Sánchez, radicaron una denuncia penal. La acusación delibera sobre la presunta desviación de los rendimientos financieros generados por regalías hidrocarburíferas hacia gastos corrientes municipales.
Los concejales sostuvieron que los intereses producidos por colocar dichos fondos terminaron transferidos a la cuenta destinada al pago de salarios. El escrito remarca que este uso de los recursos podría configurar los delitos de malversación de caudales y peculado.
En la presentación judicial, los ediles recordaron un antecedente penal previo registrado el 18 de junio de 2026 contra el jefe municipal. Además, citaron un informe del Tribunal de Cuentas local que advertía formalmente sobre el tratamiento de esos rendimientos.
Los denunciantes solicitaron peritajes contables e informáticos sobre las cuentas bancarias municipales desde el 10 de diciembre de 2023. La medida busca rastrear los movimientos financieros para determinar la trayectoria de los fondos transferidos.
