El diputado nacional por Neuquén, Pablo Todero (Unión por la Patria), presentó un proyecto de ley para reformar el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. La iniciativa busca redirigir los beneficios fiscales hacia las micro, pequeñas y medianas empresas del sector tecnológico.
La propuesta excluye del esquema promocional a las grandes firmas privadas. No obstante, mantiene excepciones para cooperativas y empresas con participación estatal mayoritaria en su capital.
“El objetivo de este proyecto es corregir una distorsión profunda que tiene el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, sostuvo Todero durante la presentación. El legislador argumentó que la normativa vigente terminó concentrando las exenciones en un grupo reducido de corporaciones.
Según los datos presentados por el diputado, en 2025 ingresaron 784 firmas al régimen y 78 correspondían a grandes compañías. Ese 10% de beneficiarias absorbió el 57% de los bonos fiscales otorgados por el Estado.
Esa transferencia de recursos representó más de 72.000 millones de pesos destinados a empresas consolidadas. “Con los años, la aplicación de la ley terminó tomando el camino inverso y se convirtió en una caja de ahorro fiscal para unos pocos”, afirmó el legislador neuquino.
La iniciativa establece una nueva escala progresiva para la reducción del Impuesto a las Ganancias. El esquema contempla un alivio del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 20% para las grandes firmas exceptuadas.
“Las exenciones impositivas deben ser una herramienta de apoyo para los que recién empiezan o para quienes invierten en el desarrollo del país, no un privilegio permanente para los que ya ganaron el mercado”, argumentó Todero. Las entidades deberán revalidar los beneficios cada dos años mediante acreditación de inversiones, empleo y exportaciones.
El proyecto conserva el régimen preferencial para firmas públicas emblemáticas como INVAP, Y-TEC, VENG y Nación Servicios. El texto argumenta que estas entidades garantizan la soberanía científica del país y requieren respaldo estratégico continuo.
“Si el Estado resigna recursos, debe hacerlo para generar desarrollo, empleo y soberanía tecnológica, no para incrementar las utilidades de empresas que ya son altamente rentables”, concluyó Todero. La discusión iniciará su trámite legislativo en las comisiones de la Cámara de Diputados.
