Un fallo unánime del Tribunal de Impugnación modificó la situación judicial en la causa por las defraudaciones con planes sociales en Neuquén. El cuerpo magistrado dio la razón al fiscal jefe Pablo Vignaroli y a la querella estatal al redefinir la figura legal del caso. La resolución judicial agrava considerablemente las calificaciones penales atribuidas a los doce imputados en la causa.
La sentencia firmada por los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y Liliana Deiub encuadró las maniobras dentro de una asociación ilícita en concurso real con administración fraudulenta. Los hechos investigados se vinculan a la maniobra sistemática de desvío de fondos públicos destinados a subsidios por desempleo entre los años 2020 y 2022.
Durante el juzgamiento inicial realizado a finales de 2025, un tribunal previo había dictado condenas menores de tres a cinco años únicamente por el delito de administración fraudulenta. En aquella oportunidad, los magistrados de primera instancia optaron por absolver a los exfuncionarios del cargo por delincuencia organizada. La actualización monetaria del perjuicio fiscal ubica la maniobra por encima de los 1.000 millones de pesos.
El Tribunal de Impugnación ordenó remitir las actuaciones a la Oficina Judicial para que un nuevo panel de jueces determine las escalas punitivas correspondientes. Esta reformulación técnica se ajusta al pedido expreso manifestado por el gobernador Rolando Figueroa a través de la Fiscalía de Estado.
Pese al avance formal en la tipificación penal, las investigaciones previas no lograron acreditar el destino final de las partidas dinerarias sustraídas. Por esta razón técnica, las autoridades judiciales desestimaron oportunamente los pedidos de decomiso sobre los bienes patrimoniales pertenecientes a los encausados.
Frente a este nuevo escenario desfavorable, los abogados defensores cuentan con la facultad procesal de recurrir la medida ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. El máximo estrado provincial integrado por los vocales Alfredo Elosú Larumbe y Soledad Gennari deberá revisar la validez jurídica del pronunciamiento.
La causa judicial afronta una severa limitación temporal debido a las recurrentes postergaciones planteadas por las partes a lo largo del proceso. La investigación penal alcanzará el tope legal de cuatro años de duración efectiva a finales de noviembre próximo.
El artículo 87 del Código Procesal Penal neuquino fija un límite estricto para la tramitación de las causas judiciales. “Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado”, advierte la normativa procesal respecto a los plazos máximos de juzgamiento.
