La Legislatura rionegrina ratificó por mayoría el convenio firmado por el gobernador Alberto Weretilneck con la Nación. El acuerdo formaliza la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial por dos décadas.
La ley se sancionó con la aprobación de 38 representantes tras una sesión de casi cinco horas. La ley autoriza la Emergencia Vial en el territorio y avala un endeudamiento por 60 millones de dólares para encarar las tareas necesarias.
El entendimiento concede a la Provincia la potestad sobre el mantenimiento, la conservación y la concreción de obras en ambas calzadas. Sin embargo, las trazas mantendrán su condición de patrimonio y jurisdicción del Estado Nacional una vez concluidas las intervenciones.
Miembros del gabinete provincial presenciaron el debate desde el recinto legislativo para brindar su respaldo. Distintos jefes comunales de la región también asistieron a la jornada para acompañar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Como condición para la cesión de la gestión vial, la provincia deberá retirar las demandas judiciales previas. Río Negro desistirá formalmente de los amparos presentados con anterioridad ante los tribunales federales contra la administración central.
La norma cosechó apoyos de diversas bancadas, aunque la votación en general registró tres votos en contra. Los legisladores opositores Leandro García, Luis Livancich y María Alejandra Mas rechazaron la iniciativa durante el tratamiento en el recinto.
Desde la oposición cuestionaron con dureza la sostenibilidad financiera del proyecto aprobado por la mayoría parlamentaria. “Estamos asumiendo una responsabilidad y costos sin transferencia de recursos ni de jurisdicción”, advirtió el legislador Leandro García durante su intervención.
El parlamentario opositor remarcó que las dificultades estructurales del trazado vial persistirán a pesar del nuevo esquema normativo. “Los principales puntos de conflicto, los tramos más traumáticos, no van a poder ser resueltos con este esquema de transferencia”, sentenció García.
La implementación práctica del acuerdo comenzará dentro de los 60 días posteriores a la ratificación parlamentaria. Con la aprobación normativa, la Dirección de Vialidad Rionegrina asumirá formalmente la administración de ambos corredores estratégicos.
