Los diputados provinciales Julieta Ocampo y César Parra, representantes del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura neuquina. La iniciativa parlamentaria busca obtener precisiones oficiales sobre un grave incidente ocurrido a fines de agosto en el Colegio Millaray.
Un niño permaneció encerrado durante un día entero en el interior de la institución educativa privada de la capital provincial. Frente a la gravedad del acontecimiento, los legisladores exigieron respuestas urgentes al Ministerio de Educación y al Consejo Provincial de Educación.
El pedido formal requiere detallar las actuaciones administrativas iniciadas a partir de la toma de conocimiento del caso. Los legisladores exigieron especificar si las autoridades educativas intimaron a los directivos del colegio Millaray para presentar los descargos institucionales correspondientes.
El hecho cobró relevancia política e institucional por estar directamente vinculado al exsecretario de Prensa de la provincia, Claude Staicos, colaborador del gobernador Rolando Figueroa. El conflicto familiar de pública trascendencia derivó oportunamente en la posterior renuncia del funcionario a su cargo.
La iniciativa legislativa también consulta sobre la apertura de sumarios o investigaciones internas a los responsables del establecimiento. Asimismo, solicita copia de los registros, documentación e informes de actuación que hayan sido requeridos al colegio privado.
Exigen control institucional y garantías de protección
El proyecto instó al organismo provincial a dictaminar si el accionar escolar respetó la normativa sobre derechos infantiles. Los diputados remarcaron la necesidad de implementar medidas preventivas concretas para evitar la repetición de episodios de similares características.
En los fundamentos de la propuesta se destacó la presentación efectuada el pasado 10 de septiembre por el gremio ATEN Capital. Representantes sindicales y consejeros escolares exigieron formalmente la intervención del organismo colegiado ante las irregularidades detectadas.
El texto fundamentó que la autoridad de aplicación posee facultades directas de supervisión sobre los colegios de gestión privada. La falta de comunicación oficial hacia la sociedad genera una profunda incertidumbre sobre el verdadero abordaje del conflicto.
Finalmente, el documento recordó que el mismo estudiante protagonizó antecedentes similares durante el ciclo lectivo del año 2025. Los diputados remarcaron que el Estado debe garantizar el acceso público a la información ante hechos de trascendencia social.
