El gobierno municipal capitalino logró dar un paso clave en su agenda de “austeridad institucional”. La propuesta busca fijar un tope definitivo a la expansión representativa comunal antes del constante crecimiento demográfico.
En una reñida votación ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que promueve fijar en 20 el número de ediles. La medida impulsada por la gestión comunal fue aprobada por trece votos a favor en el recinto.
El proyecto de enmienda exige ratificación ciudadana en las próximas elecciones de 2027. Durante esa jornada, los votantes definirán si respaldan el congelamiento de bancas o mantienen el sistema de crecimiento automático actual.
El diseño normativo original de la Carta Orgánica prevé un aumento de legisladores a la par del desarrollo poblacional. De continuar la tendencia, la capital alcanzaría rápidamente un máximo legal de treinta representantes comunales.
Desde el bloque oficialista argumentaron que la medida no debilita la pluralidad democrática de la ciudad. Destacaron que el cuerpo legislativo cuenta con doce bancadas diferentes, demostrando una amplia representatividad actual.
Austeridad presupuestaria en el debate legislativo
“Lo que proponemos en este proyecto es modificar el artículo 53, fijar el número en 20 concejales y que sea ratificado por la ciudadanía mediante una consulta popular”, afirmó la concejal Victoria Fernández.
La representante oficialista explicó que la representatividad de las minorías se sostiene por el sistema de reparto D’hont. Agregó que el cupo propuesto mantendrá los equilibrios actuales sin descuidar el uso eficiente de los recursos municipales.
Por su parte, el bloque opositor Unión por la Patria rechazó la iniciativa apelando al valor del Concejo. “No somos un gasto, somos representantes elegidos por la ciudadanía”, argumentó el edil Daniel Figueroa durante el tratamiento de la propuesta.
En sentido opuesto, desde Fuerza Libertaria acompañaron la norma exponiendo los números institucionales actuales. “Por un presupuesto legislativo de 13.131 millones de pesos, cada concejal nos cuesta 730 millones a la ciudad”, precisó el concejal José Luis Artaza.
Oposiciones cruzadas y propuestas alternativas
El bloque del PRO acompañó parcialmente la reducción pero solicitó profundizar el recorte sobre otras estructuras comunales. La concejal Denisse Stillger propuso suprimir la Defensoría del Pueblo por considerar que duplica funciones institucionales ya cubiertas por otras áreas.
Partidos minoritarios y del frente de izquierda objetaron severamente el congelamiento. Sostuvieron que frenar la expansión legislativa perjudicará a los espacios políticos más pequeños que buscan ingresar al cuerpo.
“La voz de las minorías no puede ser la variable de ajuste del ahorro en la política”, recriminó la concejal Julieta Katcoff. La edil insistió en reducir los sueldos de los funcionarios como verdadera alternativa de austeridad en lugar de restringir bancas.
