El martes se conocerá la decisión sobre el primer juicio rionegrino por crueldad animal. Se trata del Caso Estelita, la perra galga que fue arrastrada atada de un auto en Fernández Oro. Tanto la fiscalía como las abogadas querellantes solicitaron que al imputado se lo declare culpable. La Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) confía en un dictamen favorable de la Justicia. En La Carretera, Julia Busqueta aseguró que lograron demostrar el sufrimiento al que fue sometida la perra.
La abogada de AFADA agradeció el compromiso de la protectora de Fernández Oro y el trabajo intenso de la fiscalía cipoleña. Señaló que muchas veces las causas no avanzan por falta de pruebas. Con este caso, la comunidad se involucró en el pedido de justicia. “Lamentablemente hay muchísimos casos de maltrato pero con Estelita destacamos la ayuda del proteccionismo, de los vecinos que aportaron información importante y del Ministerio Público que se ocupó de la investigación. Esperamos sentencia este 6 de abril”, expresó Busqueta.
La perra galga fue rescatada por la asociación protectora orense, que hizo el máximo esfuerzo por mantenerla con vida. Las heridas fueron tan profundas que falleció semanas después del hecho. “El nombre significa mucho porque ‘estela’ es la marca que queda tras un suceso, y no es casual esto porque ella está marcando historia. Sufrió el arrastre, quemaduras impresionantes, fue un ser vulnerable que recibió mucho amor, cartas de los chicos de escuelas que pedían que se recuperara. Tuvo mucho impacto esta noticia”, mencionó. “El juicio fueron 3 días muy largos, con muchas pruebas, fotos e indicios. Es un caso importante”, agregó Busqueta.
Testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad, pericias de criminalística e informes veterinarios contribuyeron a demostrar el delito juzgado. El juez deberá valorar estas pruebas y determinar si el acusado es responsable o no. “Pedimos una condena ejemplar pero hay que tener en cuenta que en nuestro país rige la Ley 14346 y tiene una pena muy baja: de 15 días a un año. Es muy difícil que se de la condena con el máximo. Pero es necesaria una reforma para aumentar las penas”, argumentó. “Nosotras trabajamos para educar, para concientizar porque queremos una transformación social para que no vuelvan a ocurrir estos hechos“, sentenció.
