El Estado neuquino ejecutó un operativo de desalojo en un predio ubicado en el sector Ruca Antú de la ciudad capital. Las tierras fiscales recuperadas pertenecen formalmente al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). La Fiscalía logró constatar que el espacio público estaba siendo utilizado para un desarrollo inmobiliario ilegal de megainquilinatos.
Las actuaciones administrativas comenzaron con una denuncia de los equipos legales del organismo habitacional basada en informes catastrales vigentes. Las autoridades comprobaron que personas ajenas al sector aprovecharon las características descampadas del terreno para iniciar obras de edificación clandestinas. La maniobra delictiva pretendía consolidar un asentamiento irregular con un claro fin de acumulación económica privada en perjuicio del patrimonio estatal.
La orden de desalojo fue dictada inicialmente por la fiscalía especializada en Delitos Económicos de la provincia. La disposición judicial recibió el aval correspondiente por parte del juzgado de garantías en turno para habilitar los procedimientos. Los efectivos de la Comisaría 20 asumieron la responsabilidad de llevar adelante la desocupación de los lotes de manera inmediata.
La planificación gubernamental contempla la reutilización de este espacio para dar respuestas concretas a los sectores de menores recursos. La provincia proyecta transformar el área mediante el tendido de servicios y la construcción de infraestructura comunitaria. “Se llevó adelante el desalojo, ya recuperamos esos lotes. Ahora vamos a trabajar en proyectos urbanísticos para dar soluciones habitacionales a familias vulnerables”, confirmó la secretaria de Hábitat y Urbanismo, Ana Servidio.
La funcionaria provincial detalló el destino final que se le asignará al predio que permanecía bajo ocupación ilegítima. Ahora, el predio se integrado a los programas de emergencia para contener la demanda de las comunidades marginadas. Servidio especificó detalladamente que la superficie se reservará para la edificación de módulos habitacionales destinados a familias en situación de extrema vulnerabilidad.
El Ministerio Público y las dependencias del Poder Ejecutivo coordinaron acciones conjuntas para restablecer el ordenamiento del suelo urbano. La meta trazada por los equipos técnicos implica recuperar el rol regulador del Estado en las zonas periféricas. “El eje de la gestión es volver a ser autoridad en el sector y en forma rápida llevar redes de infraestructura”, remarcó la secretaria.
Protocolo estricto
El despliegue policial contó con un estricto protocolo de contención institucional para evitar incidentes durante la jornada. El personal de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes supervisó el operativo ante la posibilidad de hallar menores en el lugar. Las pertenencias y los materiales acopiados por los infractores quedaron bajo resguardo oficial para su posterior retiro voluntario.
Las autoridades destacaron el valor de implementar un esquema de control territorial sostenido en el tiempo para desalentar nuevas tomas. “Se trata de una política de ordenar para generar mejores condiciones de vida”, concluyó la titular del área de Hábitat. Los proyectos de urbanización social en las parcelas recuperadas comenzarán a diseñarse formalmente durante las próximas semanas.
