Conocido el fuerte aumento de los impuestos inmobiliario y automotor, y el inmediato rechazo de los contribuyentes, la defensoría del pueblo de Río Negro realizó gestiones ante el ministro de economía para que se revea la actualización de los gravámenes.
La defensora Adriana Santagati consideró que “en el actual contexto de estancamiento producto de la pandemia y el impacto de la inflación en la economía familiar, exige que al momento de grabar impuestos éstos no sean confiscatorios. El estado debe respetar el principio de razonabilidad”.
Santagati reconoció sin embargo la rápida recepción del gobierno, que tomó medidas como establecer un tope de 36% al aumento en el impuesto de patentes y la revisión del inmobiliario en el caso que lo requiera el contribuyente.
En este sentido Santagati afirmó en La Carretera que “a partir de la próxima discusión del presupuesto, cuando se trate en la legislatura el paquete fiscal, la defensoría debe tener una silla y ser parte de ese debate en representación de los contribuyentes”.
