Un cerco perimetral ordenado por la Justicia generó un impacto inmediato en la toma de tierras del oeste neuquino. La medida judicial impidió el ingreso de insumos básicos y aceleró la partida de numerosos ocupantes.
La resolución interpuesta por el fiscal Juan Narváez busca evitar que el asentamiento logre consolidarse en la zona. El dispositivo policial prohíbe de manera estricta el paso de víveres, calefacción y materiales de construcción hacia el predio.
El bloqueo logístico provocó que decenas de personas tomaran la decisión de abandonar el lugar de forma voluntaria. La restricción de suministros redujo drásticamente el volumen inicial de las familias que permanecían afincadas.
Quienes resisten dentro de la ocupación manifestaron su preocupación ante la falta de atención para casos de salud urgentes. Denunciaron también que la policía amenaza con confiscar los vehículos que quedaron aparcados en el terreno.
“La gente que se ha ido es por la falta de provisiones de comida”, relató un vecino del asentamiento que quedó varado afuera. El testigo detalló que la presencia cayó de 200 familias a “unas 80 o 90 familias” en la actualidad.
En el plano judicial, los fiscales avanzaron con la notificación penal a una delegada señalada como promotora de la ocupación. En tanto, manifestantes organizaron cortes intermitentes en las inmediaciones del barrio Almafuerte para visibilizar el reclamo.
Las interrupciones del tránsito sobre las arterias principales de la zona mantienen un clima de alta conflictividad en el sector. La ausencia de canales de diálogo entre las partes profundiza la incertidumbre respecto a cómo finalizará el desalojo.
