El Gobierno de la provincia del Neuquén formalizó una denuncia penal contra referentes del gremio UPCN. La presentación judicial responde a un violento episodio ocurrido dentro del Centro Administrativo Ministerial. La causa quedó en manos de la justicia para determinar responsabilidades individuales y colectivas.
Según detalló la cartera sanitaria, unas quince personas ingresaron de forma agresiva al tercer piso del edificio de Salud. Durante el incidente, afiliados a UPCN habrían violentado los accesos a distintas oficinas mediante golpes y amedrentaron a empleados estatales.
Las autoridades precisaron que los manifestantes impidieron de manera temporal la libre circulación del personal técnico e impulsaron destrozos en la infraestructura edilicia. El ataque se produjo mientras los agentes públicos desarrollaban sus tareas habituales en la sede administrativa.
El Ministerio de Salud aportó material audiovisual como prueba clave para respaldar la acusación penal formulada. Gran parte de las filmaciones provienen de registros efectuados por los propios integrantes de la agrupación sindical.
La acción legal apunta de manera directa contra los líderes de la organización gremial por amenazas, agresiones y destrozos materiales. El Ejecutivo provincial busca sentar un precedente firme para evitar la reiteración de hechos violentos dentro de dependencias públicas.
Rechazo oficial e inicio de acciones legales
Frente a la gravedad de lo sucedido, el ministro de Salud, Martín Regueiro, condenó enérgicamente el proceder violento del grupo sindical. La máxima autoridad sanitaria remarcó que el Estado no tolerará ningún tipo de coacción contra los trabajadores estatales.
“Con violentos no dialogamos”, enfatizó de forma contundente el funcionario al rechazar las intimidaciones sufridas en la repartición pública. Asimismo, cuestionó los supuestos intentos de manipular la situación para inventar agresiones que nunca existieron durante la protesta.
Desde el organismo estatal confirmaron que analizan impulsar una demanda por la vía civil contra los acusados directos. Con esta medida pretenden obtener un resarcimiento económico formal por los perjuicios materiales y morales ocasionados al patrimonio provincial.
Investigación judicial en curso
La justicia neuquina avanzará en el análisis de las filmaciones presentadas para identificar formalmente a los agresores implicados. La causa penal continuará su curso correspondiente para definir la existencia de delitos imputables a la dirigencia sindicada.
Por el momento, los datos aportados provienen del informe presentado por las autoridades sanitarias neuquinas. La resolución definitiva del conflicto institucional dependerá del avance de las pericias ordenadas por los fiscales intervinientes.
