Finalmente, el juicio por las estafas con planes sociales que sacudió al último gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) e involucra a varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, tiene fecha. La justicia neuquina confirmó que comenzará el 21 de julio y se extenderá hasta septiembre.
Con la participación de la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y defensores de varios imputados, el miércoles (21-05) se realizó una audiencia ordenatoria con el con el fin de organizar el desarrollo del juicio.
En el encuentro se definió que serán 40 audiencias comenzando el 21 de julio y, en principio, finalizarían el 12 de septiembre. Al no contar con la presencia de todos los abogados defensores, se fijó una nueva audiencia ordenatoria para el 30 de mayo para ultimar detalles. El Ministerio Público Fiscal confirmó que se escucharán 200 testimonios.
El juicio por las estafas con planes sociales tendrá 15 imputados, entre los cuales se encuentran el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex director de planes sociales, Ricardo Soiza; el entonces responsable de Administración, Tomás Sieghentaler; y los directores Pablo Sanz y Marcos Osuna. Los cinco funcionarios son considerados los líderes de una asociación ilícita.
Mientras se ultiman los detalles, Rodolfo López y Alfredo Meza Lizama, dos de los imputados en la causa realizaron una presentación para cerrar un acuerdo de responsabilidad y pena para evitar ir a juicio. Ambos reconocieron su participación en las maniobras con cheques que debían ser destinados a beneficiarios de planes sociales.
Una estafa millonaria
Las estafas con planes sociales salió a luz a mediados del 2022, tras la denuncia de un beneficiario. Luego de una extensa investigación, la fiscalía de Delitos Económicos descubrió que la operatoria involucraba a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Se estimó que las maniobras, en aquel entonces, rondaron los 150 millones de pesos, que a valores actuales superarían los 1000 millones.
Las primeras maniobras que se detectaron fueron con tarjetas de débito, donde se retiraba un monto de dinero y a los beneficiarios se les entregaban sumas inferiores. Con el correr de la investigación se descubrieron emisiones de cheques a favor de empleados estatales y también de funcionarios.
La causa que ya tiene fecha de juicio es una de las investigaciones que lleva adelante los fiscales Juan Narváez y Pablo Vignaroli. Hay una causa abierta que intenta esclarecer el rol de algunos empleados del BPN en las maniobras y otras que busca determinar si las maniobras comenzaron antes del 2020.
Neuquén, 21 de mayo de 2025.
