Un nuevo proyecto en la Legislatura de Río Negro propone establecer un criterio de “arraigo” para el acceso a cargos docentes, con el objetivo de priorizar a quienes se formaron en la provincia o tienen vínculo directo con el territorio. La iniciativa busca responder a una problemática creciente: la dificultad de muchos docentes locales para acceder a trabajo en un contexto de menor matrícula y alta competencia.
La propuesta fue explicada en AM740 La Carretera por el legislador del PRO, Juan Martín, quien señaló que la iniciativa apunta a “corregir una injusticia estructural”, ya que “Río Negro forma docentes pero no les garantiza el trabajo”. En ese sentido, el proyecto plantea otorgar un puntaje adicional a quienes hayan estudiado en institutos de formación docente de la provincia o acrediten arraigo local.
Según el legislador, el objetivo es equilibrar las condiciones en los concursos y asambleas docentes, donde hoy compiten en igualdad de puntaje quienes son de la provincia y quienes llegan desde otras jurisdicciones. “Creemos que concretamente acceder a cargos docentes en Río Negro tiene que ser, en caso de igualdad de condiciones, con un puntaje extra para el rionegrino en detrimento del foráneo”, afirmó.
Martín también argumentó que los docentes locales tienen un vínculo más fuerte con la comunidad educativa. “Estamos convencidos que los docentes que se forman acá, que aman su tierra y que además tienen una conexión con el lugar, tienen mejores condiciones para dar clases que aquel que viene de paso”, sostuvo. Además, remarcó que la iniciativa sigue la misma lógica que otras políticas provinciales que priorizan la mano de obra local en sectores estratégicos como la energía.
El proyecto surge a partir de planteos de docentes que, según explicó el legislador, ven frustradas sus posibilidades laborales pese a haberse formado en la provincia. En muchos casos, profesionales locales quedan sin cargo en asambleas frente a otros postulantes con igual puntaje pero sin arraigo en Río Negro. “Es una discriminación positiva”, definió Martín, al justificar la medida.
La iniciativa también incorpora otros puntos que podrían generar debate, como la exigencia de antecedentes penales para el ingreso a la docencia. “En muchos trabajos se pide este requisito y nos parece lógico que también se contemple para quienes están frente a un aula”, explicó.
El proyecto será tratado en comisión en los próximos días, en paralelo con otras propuestas similares impulsadas desde distintos bloques. Desde el oficialismo aún no hubo una definición clara, pero el ingreso de iniciativas en la misma línea abre la puerta a un debate legislativo que promete ser uno de los ejes de la agenda educativa en la provincia.
Viedma, 21 de abril de 2026.
