El comisario general Dante Catalán, Superintendente de Investigaciones de la Policía del Neuquén, defendió la legalidad del operativo realizado en la vivienda de una docente con discapacidad en Centenario. A pesar de que el resultado fue negativo, el jefe policial negó que se tratara de un error de procedimiento. La dueña de casa denunció públicamente el impacto del ingreso policial mientras ella descansaba en su hogar.
Catalán explicó que la investigación se originó mediante denuncias anónimas recibidas a través de canales oficiales como el Código QR y la aplicación Neuquén Te Cuida. Estos datos son derivados a la Fiscalía, donde se inicia un trabajo de campo para certificar la veracidad de la información aportada por los vecinos. La policía actúa entonces como un auxiliar directo de las directivas impartidas por el Poder Judicial.
En cuanto a la responsabilidad de los domicilios seleccionados, el comisario fue contundente respecto a la cadena de mandos interviniente. “En este caso la Fiscalía lo solicita y lo dispone, en este caso la jueza Karina Álvarez”, afirmó el funcionario. No obstante, reconoció que a la fuerza le corresponde realizar las tareas de inteligencia previas para confirmar que el inmueble identificado sea efectivamente el correcto.
El objetivo del operativo estaba vinculado a delitos conexos y a la identificación de integrantes de grupos regionales, bajo la supervisión del fiscal Zavala. Aunque no se hallaron armas ni estupefacientes en la casa de la docente, los efectivos procedieron al secuestro del sistema de monitoreo DVR. Esta acción forma parte de los protocolos de recolección de evidencia en procedimientos que la policía define como “irruptivos”.
Respecto a la modalidad del ingreso, Catalán precisó que en investigaciones de este tipo no se solicita permiso previo para entrar. Sostuvo que las normativas vigentes permiten allanamientos nocturnos en contextos específicos para garantizar la eficacia del proceso. Para la institución, el concepto de error solo aplica si se confunde físicamente una numeración catastral por otra, algo que aquí no sucedió.
Durante la misma jornada se ejecutaron otros 17 allanamientos en diversos puntos de la localidad con resultados variados. En uno de esos domicilios, los agentes detectaron a una mujer que cumplía una condena de prisión domiciliaria bajo jurisdicción federal. “En ese lugar se secuestró un arma y se secuestró su estancia. Todo eso fue informado a la justicia competente”, detalló Catalán sobre aquel hallazgo particular.
Finalmente, la repercusión del caso motivó que los organismos judiciales inicien una investigación administrativa formal sobre lo actuado en la casa de la docente. Mientras la policía ratifica que el domicilio figuraba originalmente en el oficio judicial, la justicia busca determinar si hubo fallas en la inteligencia previa. El procedimiento continúa bajo la lupa debido a la vulnerabilidad de la ciudadana afectada.
