Las fuerzas policiales de la provincia desarticularon una red dedicada al comercio ilegal de estupefacientes. Las operaciones se focalizaron de manera estratégica en la región de Vaca Muerta. El balance final de las intervenciones arrojó el secuestro de más de once kilos de sustancias prohibidas y la detención de cinco personas sospechosas.
El equipamiento incautado comprende armas de fuego de grueso calibre, vehículos utilizados para la distribución y una suma millonaria en dinero en efectivo. Las estimaciones oficiales de los peritos contables fijaron el valor de mercado de los cargamentos en unos 350 millones de pesos.
Las denuncias vecinales recolectadas mediante las plataformas digitales de seguridad resultaron fundamentales para orientar los procedimientos de las brigadas antinarcóticos. Un contingente de 65 uniformados ejecutó de forma paralela siete allanamientos en las localidades de Añelo y San Patricio del Chañar. En este sector, se desbarató el principal nodo de operaciones y se incautaron dosis de cocaína y cannabis.
“Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 ya se recibieron 2600 denuncias de la ciudadanía que finalizaron con secuestros de sustancias”, detalló el fiscal general José Gerez. El funcionario judicial ponderó los canales de comunicación anónimos abiertos a los ciudadanos para intervenir de forma rápida.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó el cambio de paradigma procesal que permite la actuación de los tribunales ordinarios en delitos federales. El funcionario sostuvo que, antes de la vigencia de la ley de desfederalización, estas investigaciones complejas no se desarrollaban con celeridad a nivel provincial. La cercanía judicial facilitó el seguimiento de las bandas organizadas en los municipios petroleros.
Días después de las primeras detenciones, una segunda pesquisa permitió desarmar otro punto logístico en un barrio de Rincón de los Sauces. Allí los efectivos secuestraron plantines de marihuana genéticamente modificados y armamento pesado con las numeraciones fabriles adulteradas. El inmueble utilizado como boca de expendio fue clausurado completamente por orden de los magistrados actuantes para resguardar la escena del crimen.
