La justicia neuquina fijó para el próximo 27 de mayo la audiencia de control de acusación contra una mujer de apellido Farías. Esta instancia representa el paso fundamental antes del inicio del juicio oral por el violento ataque contra dos educadoras. El hecho ocurrió dentro de las instalaciones del Colegio San Martín y generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa regional.
El abogado Mariano Mansilla interviene en el proceso en representación del gremio ATEN y de las docentes damnificadas por la agresión. La querella busca que este juicio funcione como un antecedente ejemplar para resguardar la integridad de los trabajadores del sector escolar. Se intenta enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de ejercer violencia dentro de las instituciones públicas de enseñanza.
Según los antecedentes presentados, la imputada posee un perfil conflictivo con múltiples procesos previos en su contra. El representante legal aclaró que no se trató de una reacción espontánea o un simple desborde emocional de una madre. Detalló que la agresora cuenta con una condena por narcotráfico y cerca de veinte denuncias acumuladas por diversos episodios violentos.
El ataque quedó registrado en un video filmado por un estudiante, pieza que será clave durante el debate oral y público. En las imágenes se observa el ingreso intempestivo al salón y la brutalidad física ejercida contra las profesionales que dictaban clases. La acusada habría tomado del cabello a las víctimas y propinado golpes de puño de forma certera.
Respecto a la saña del ataque, el letrado querellante brindó precisiones sobre la técnica utilizada por la agresora durante el altercado. “Son golpes de alguien que sabe golpear, tipo boxeador”, describió Mansilla para ilustrar el nivel de peligrosidad que enfrentaron las docentes agredidas. Una de las profesoras requirió asistencia psicológica prolongada debido al trauma sufrido tras el violento episodio.
Los cargos que enfrenta la mujer se centran inicialmente en las figuras legales de lesiones leves y amenazas de muerte. No obstante, su situación procesal se agrava considerablemente debido a que ya posee una sentencia condenatoria firme de carácter penal. Esta condición abre la posibilidad real de que la justicia determine una pena de prisión de cumplimiento efectivo.
Este caso impulsó en la provincia el debate sobre la necesidad de normativas específicas que brinden mayor protección al personal docente. Neuquén ya sancionó una ley provincial orientada a prevenir y sancionar los actos de hostigamiento contra los trabajadores de la educación. El juicio pretende ratificar la política de tolerancia cero frente a las agresiones en el ámbito escolar.
Finalmente, la audiencia de finales de mayo definirá las pruebas y testigos que se admitirán para la etapa del juzgamiento. La querella confía en que el proceso judicial brindará una reparación necesaria a las víctimas que sufrieron las secuelas físicas y emocionales. El sector gremial espera una sentencia contundente que garantice la seguridad dentro de las aulas para todo el cuerpo docente.
