El Poder Judicial de Neuquén realizó este miércoles el primer sorteo aleatorio de narcotest para sus integrantes. Cuatro personas resultaron seleccionadas en este proceso inicial. Las autoridades notificaron de inmediato a los involucrados, quienes cuentan con un plazo estricto de 24 horas para presentarse a realizar el control.
Esta iniciativa convierte a la Justicia en la primera área del Estado provincial en poner en marcha el sistema oficial y comunicar sus resultados. Hasta el momento, las pruebas que se habían difundido públicamente correspondían a exámenes de carácter voluntario. La nueva modalidad cumple estrictamente con el carácter aleatorio que exige la legislación vigente.
El universo total sujeto a este examen antidoping abarca a 191 funcionarios de la estructura judicial. La medida alcanza desde el presidente y los vocales del Tribunal Superior de Justicia hasta los defensores y fiscales de todos los fueros. Nadie queda exento de la posibilidad de ser seleccionado por el azar.
El protocolo definitivo para regular estos procedimientos fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia en abril pasado. El mecanismo establece que los sorteos se realizarán semanalmente, fijados para los días martes o miércoles. En esta oportunidad se utilizó un bolillero tradicional, aunque también se contempla el uso de un sistema informático auditado.
Los exámenes se llevarán a cabo en las instalaciones de Salud Ocupacional o en las dependencias del Cuerpo Médico Forense. El lugar asignado dependerá exclusivamente del área geográfica de procedencia del personal sorteado. Las autoridades confirmaron que el resultado final del test se notificará de manera inmediata al involucrado.
El análisis busca detectar la presencia de diversas sustancias en el organismo, incluyendo metabolitos de cocaína, cannabinoides, opioides y anfetaminas. También se rastrearán benzodiacepinas y barbitúricos. Un dato particular del reglamento determina que el costo económico de cada test será descontado directamente de los haberes del funcionario.
La estabilidad laboral de los magistrados dependerá directamente del resultado obtenido en las muestras. En caso de arrojar un saldo positivo, el funcionario se enfrentará a posibles sanciones graves en su cargo. Sin embargo, el protocolo garantiza el derecho a solicitar una contraprueba para asegurar la transparencia del proceso.
Previamente, las máximas autoridades provinciales habían optado por esquemas no regulados. “Yo ya me sometí al control”, había señalado tiempo atrás Gustavo Mazieres, presidente del Tribunal Superior de Justicia, sobre su examen voluntario. Aquella acción se alineó con las conductas adoptadas por el gobernador Rolando Figueroa y los integrantes de la legislatura provincial, Zulma Reina y Claudio Domínguez.
