Una madre atravesada por el drama del consumo problemático clama por una solución estatal para su hijo de 28 años. Soledad Renda lleva 12 años recorriendo oficinas públicas en busca de ayuda para el joven, quien padece adicción a las drogas y vive en la calle.
El caso tomó relevancia tras un grave incidente familiar en la vivienda del padre. El joven protagonizó una persecución policial, fue detenido y liberado al día siguiente. Ante la falta de respuestas en la comisaría, Soledad optó por denunciar a su propio hijo por robo para forzar una intervención judicial que facilite su internación.
Las gestiones en los tribunales resultaron completamente infructuosas para la familia. En la Fiscalía, la mujer planteó la urgencia de tomar medidas de fondo para evitar una tragedia. “O dejémoslo preso o dejémoslo internado”, exigió Renda ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la respuesta oficial reflejó una insólita resignación frente a la gravedad del panorama.
La madre advirtió que la situación terminaría trágicamente porque su hijo “o mata o muere”. Ante este planteo, un funcionario respondió con un contundente “Y sí”, repitiendo la frase que años atrás le dijo un juez. En declaraciones a Literal Radio, Renda cuestionó el desamparo institucional: “No hay respuesta de ningún sector del Estado”.
El sistema actual exige que el propio paciente acepte voluntariamente el tratamiento para ser ingresado. La mujer cuestionó con firmeza esta condición legal argumentando que las adicciones anulan la capacidad de decisión. “Lo primero que se comen las drogas es la voluntad”, enfatizó al criticar la contradicción de exigir voluntad a quien la ha perdido.
Las experiencias previas de rehabilitación demostraron la fragilidad del esquema de asistencia. En una institución de Buenos Aires, el joven abandonó el proceso tras dos meses por falta de facultades legales para retenerlo. Un escenario similar ocurrió en el hospital de Roca tras un intento de suicidio, donde la atención médica finalizó apenas se superó la emergencia.
El circuito burocrático de la Agencia de Prevención exige trámites extensos que resultan inviables en situaciones extremas. Si la persona no asiste a los turnos sucesivos, el proceso debe iniciarse desde cero. Mientras tanto, el impacto devasta la economía y la tranquilidad familiar en forma cotidiana.
Soledad cuida actualmente a tres nietos mientras cursa la carrera de Derecho para comprender los vacíos legales. Además, planea crear un grupo de contención en Roca para acompañar a otras familias en situaciones parecidas. “Estamos en lucha. A veces duele, a veces pesa, pero vamos a seguir peleando mientras haya vida”, concluyó con determinación.
