El diputado provincial César Parra, representante del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), presentó un pedido de informe dirigido a la ministra de Educación de Neuquén, María Soledad Martínez, y a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Judith Temi. La iniciativa legislativa busca esclarecer graves irregularidades detectadas en la plataforma digital utilizada para registrar las novedades del personal educativo.
Según la denuncia pública, durante los primeros días de agosto se registró una intervención no autorizada en el “Sistema de Plantas Funcionales”. Esta vulneración informática afectó directamente a diversos establecimientos escolares ubicados en las localidades de Neuquén capital, Plottier y Senillosa, pertenecientes a los distritos educativos I, VIII y X.
El legislador advirtió que estas maniobras contravienen la normativa vigente, la cual establece que la gestión de datos es potestad exclusiva de los directivos. “Se ha procedido de forma masiva a descuentos por acciones sindicales vulnerando derechos constitucionales”, declaró el diputado sobre la imputación indebida de faltas injustificadas a trabajadores que se sumaron a protestas gremiales.
La supuesta alteración informática consistió en la aplicación masiva del código de inasistencia 2106 a los educadores de dichas regiones. Esta medida arbitraria perjudica de manera directa el legajo profesional de los trabajadores y compromete el cobro íntegro de sus haberes mensuales.
En el texto presentado en la Legislatura provincial se exige identificar formalmente a las personas responsables que manipularon el soporte técnico. Asimismo, el proyecto cuestiona si altos funcionarios de la cartera educativa y directores distritales tuvieron algún tipo de participación en la carga irregular de datos.
Las autoridades educativas deberán remitir el sustento normativo que justifique el procedimiento implementado en las escuelas afectadas. Desde el espacio político impulsante remarcan que no existen resoluciones ni fallos judiciales que avalen este tipo de quitas salariales sobre los haberes de los docentes.
La iniciativa parlamentaria requiere la anulación inmediata de las faltas imputadas y el cese definitivo de cualquier tipo de sanción disciplinaria. El legislador remarcó que defender la legitimidad de las medidas de fuerza resulta indispensable para resguardar las garantías laborales básicas de la docencia.
”Exigimos que esta metodología se retrotraiga y se dejen sin efecto las sanciones aplicadas a través de esta intromisión ilegal. No vamos a permitir que se castigue el ejercicio de derechos constitucionales y protegidos por pactos internacionales. Este proyecto es un aporte a la lucha por la reapertura de la mesa salarial, exigencia que levanta el colectivo docente”, concluyó César Parra.
