El diputado provincial del MPN y referente mercantil, Ramón “Colo” Fernández, cuestionó con dureza los recientes decretos emitidos por el Ejecutivo Nacional. Las nuevas normativas reglamentan los aspectos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral.
Durante la última sesión ordinaria, el dirigente gremial expuso los principales riesgos de la aplicación de estos marcos legales. Sostuvo que el paquete de medidas impactará de lleno en las condiciones de estabilidad de los empleados privados. El parlamentario comparó este escenario actual con el proceso privatizador y desregulador vivido durante la década del noventa.
Los cuestionamientos técnicos apuntan de manera directa hacia la validez legal de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Fernández calificó las normativas de “inconstitucionales”. Explicó que el texto atenta contra las estructuras de representación y los derechos de organización interna.
Las cláusulas administrativas modifican sustancialmente los esquemas clásicos de desvinculación y protección del empleo. Según el secretario general de Empleados de Comercio, el nuevo sistema busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por fondos alternativos de cese. “Atacan el derecho de sindicalización en la Argentina, afectan a los convenios colectivos de trabajo y establecen un fondo de asistencia laboral que termina con la indemnización por antigüedad”, denunció.
El parlamentario criticó además la sistemática falta de convalidación de las paritarias sectoriales por parte de la Secretaría de Trabajo. Aseguró que el Ejecutivo frena deliberadamente los acuerdos salariales ya pactados entre las empresas y los representantes obreros. Este fenómeno administrativo se evidenció con fuerza en las negociaciones de los empleados de comercio.
La descentralización de las negociaciones colectivas constituye otro de los puntos de mayor discordia. Fernández advirtió sobre la imposibilidad fáctica de negociar las condiciones de contratación de forma atomizada. “Están queriendo llevar la discusión a convenios por empresa. Nosotros tenemos enroladas 3.200 empresas. Tendríamos que hacer 3.200 convenios colectivos de trabajo”, detalló con preocupación.
La conducción del Centro de Empleados de Comercio alertó también sobre el ahogo financiero que sufren las entidades mutuales. Las modificaciones vigentes limitan de manera drástica los recursos destinados al sostenimiento de las obras sociales sindicales. Esta quita de fondos compromete la continuidad de prestaciones médicas básicas y programas asistenciales.
