La ley de controles toxicológicos obligatorios para el Poder Legislativo se encuentra completamente paralizada. Pese a haber sido sancionada hace ya nueve meses, la norma sigue sin aplicarse en el recinto. La falta de reglamentación generó un fuerte descontento y derivó en severos cruces políticos entre los distintos bloques.
Dos proyectos de resolución ingresaron formalmente a las comisiones para intentar destrabar la polémica medida. El contraste con las otras dependencias públicas agrava el escenario de discusión parlamentaria en la provincia. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial ya implementaron de manera efectiva sus propios exámenes preventivos.
El reclamo principal fue motorizado activamente por el diputado del MPN, Claudio Domínguez, en las últimas semanas. El legislador denunció de forma tajante el sistemático incumplimiento de los narcotests para los diputados. Ante la presión política, la presidencia de la Cámara elaboró un protocolo técnico de aplicación para la norma.
La oposición consideró innecesaria la votación de una nueva resolución interna en el cuerpo legislativo. Los diputados opositores argumentaron que regular la ley es una tarea puramente administrativa de la presidencia. Para este sector, las pautas organizativas corresponden de forma directa a la máxima autoridad administrativa sin mediar votación.
La principal controversia radica exclusivamente en el procedimiento médico que se utilizará para recolectar las muestras. El proyecto de Domínguez defiende fervientemente la idea original contemplada durante la sanción de la ley. La iniciativa propone exámenes de carácter sorpresivo, aleatorio y realizados directamente en las oficinas durante las jornadas de comisiones.
La propuesta alternativa de la conducción parlamentaria sugiere notificar previamente a los funcionarios mediante correos oficiales. Quienes rechazan este mecanismo advierten que dar avisos debilita por completo la credibilidad del control sanitario. Además, los sectores disidentes aseguran que el esquema por mail extiende los plazos de manera sospechosa para la opinión pública.
A pesar de existir voluntad para lograr un despacho unificado, las negociaciones fracasaron temporalmente. Los bloques decidieron postergar deliberadamente el debate de los expedientes acumulados en la comisión. Con esta decisión, el tratamiento general se pateó de forma definitiva para después del receso invernal de julio.
