La Policía Federal Argentina (PFA) asestó un duro golpe contra el tráfico de drogas en la provincia de Río Negro. A través de un operativo coordinado, los efectivos lograron clausurar dos puntos de venta que operaban en zonas residenciales en la ciudad de Cipolletti. La intervención surgió como parte de una estrategia federal para sanear los barrios de la comercialización minorista de estupefacientes.
Bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Departamento Federal de Investigaciones dirigió las acciones tácticas. El proceso judicial que permitió estos allanamientos se originó en diciembre del año pasado. En aquel entonces, la Unidad Fiscal de General Roca detectó indicios de actividades criminales mediante tareas de observación en sectores específicos de la ciudad.
La causa fue liderada por el Dr. Sebastián Gallardo junto al Auxiliar Fiscal, Dr. Francisco Iglesia Frezzini. Ambos funcionarios solicitaron la intervención de la División Antidrogas Cipolletti para realizar tareas de campo exhaustivas. El objetivo inicial era un domicilio del barrio “Anai Mapu”, donde las denuncias vecinales y la inteligencia previa sugerían movimientos compatibles con el expendio de drogas.
Los agentes federales confirmaron las sospechas tras varias jornadas de vigilancia y seguimiento minucioso. El inmueble funcionaba bajo la modalidad de “búnker”, facilitando el comercio de sustancias ilícitas a pequeña escala de forma constante. Sin embargo, el avance de las pesquisas permitió a los investigadores “tirar del hilo” hacia una ramificación de la banda que operaba en las inmediaciones.
Conexión entre búnkers y acopio de sustancias
La investigación detectó una segunda vivienda vinculada directamente con la primera, ubicada en el barrio “4 de agosto”. Según informaron fuentes policiales, este domicilio no solo era un punto de venta, sino que se utilizaba estratégicamente para el “acopio de marihuana”. Esta estructura permitía a los delincuentes abastecer ambos lugares minimizando los riesgos de ser interceptados con grandes cargamentos en la vía pública.
Con el cúmulo de pruebas recolectadas, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos para desarticular la operatividad de la red. Durante las irrupciones, los efectivos incautaron 188 dosis de marihuana, ya fraccionadas y “listas para su comercialización inmediata”. El hallazgo confirmó que los centros de expendio estaban en plena actividad al momento del ingreso de la fuerza federal.
Además de las dosis listas para la venta, se secuestraron siete plantas de Cannabis sativa y una balanza digital de precisión. Los uniformados también hallaron dinero en efectivo, presuntamente fruto de la actividad ilícita, y dos teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes para intentar identificar a los proveedores de la cadena de suministro en la región.
