Se postergó la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, prevista para este lunes por la mañana. El mandatario municipal no se presentó en la sala de audiencias tras alegar problemas de salud de última hora. Sus representantes legales entregaron un certificado que indicaba que el jefe comunal padece un cuadro de gastroenteritis aguda.
Esta ausencia frustró los planes de la fiscalía de Delitos Económicos, que buscaba imputar formalmente al jefe comunal por graves irregularidades. Entre los cargos que se pretendían leer figuran la administración fraudulenta y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se lo vincula con negociaciones incompatibles con el ejercicio de su cargo actual frente al municipio.
La situación generó un cruce inmediato entre la parte acusadora y la defensa técnica del intendente. El fiscal Pablo Vignaroli cuestionó la veracidad del malestar físico y solicitó una revisión por parte del Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, la jueza Carina Álvarez rechazó este pedido y decidió aceptar el documento médico presentado por los abogados defensores.
La fiscalía no solo busca la imputación, sino que adelantó que solicitará medidas de restricción de la libertad. El pedido de prisión domiciliaria recaerá sobre Bertolini y también sobre la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez. La justificación de esta medida extrema radica en un presunto entorpecimiento de la investigación judicial en curso dentro de las dependencias municipales.
Desde la acusación sostienen que las maniobras para ocultar pruebas persisten dentro de la estructura administrativa de la ciudad de Plottier. “El encubrimiento continúa”, sentenció la fiscalía al ratificar que solicitarán el arresto domiciliario de los máximos responsables. Esta posible detención obligaría a una intervención institucional inmediata por parte del Concejo Deliberante de la localidad.
Finalmente, la oficina judicial estableció una nueva fecha para el encuentro, que quedó reprogramado para el próximo 27 de abril. Ese mismo día se espera también la comparecencia del empresario Pedro Vilchez, otro de los señalados en el expediente. La postergación estira la incertidumbre sobre el futuro del gobierno local y la transparencia de las cuentas públicas.
