El área de Asuntos Internos de la Policía de Neuquén analiza un complejo esquema de enriquecimiento ilícito. El foco de la investigación se centra en el manejo irregular de los servicios de adicionales en la zona sur. Esta situación generó una fuerte tensión dentro de las filas policiales de la provincia.
El principal sospechoso es un comisario mayor, quien administraba los operativos en San Martín y Junín de los Andes. Según los datos recolectados, el funcionario habría centralizado la gestión administrativa de estos servicios en su propio despacho particular. Este movimiento estratégico le habría permitido tener un control total sobre las firmas y los pagos correspondientes. Los investigadores buscan determinar si esta estructura facilitó el desvío sistemático de fondos públicos.
El malestar entre los efectivos subalternos fue el detonante que permitió visibilizar las supuestas maniobras delictivas. Numerosos agentes denunciaron que, a pesar de cumplir con las horas de servicio, nunca percibieron las remuneraciones prometidas. “Se facturaba, pero a nosotros no nos llegaba un peso; se nos recargaba con horas además”, señalaron fuentes directas vinculadas a la fuerza provincial. Los uniformados aseguran que otros jefes jerárquicos conocían la situación y optaron por el silencio.
Las estimaciones preliminares indican que el monto de la maniobra podría superar los 50 millones de pesos desde finales de 2024. Bajo la lupa se encuentran eventos masivos de gran relevancia turística, como el Gran Fondo 7 Lagos y la Patagonia Run. También se investigan los operativos de seguridad brindados durante la visita de figuras públicas y en estancias de reconocidos empresarios. En muchos casos, los privados habrían abonado sumas millonarias que jamás llegaron a los bolsillos de los trabajadores.
La fiscalización de los eventos realizados en la Costanera del Lago Lácar es uno de los puntos más críticos del expediente. Los agentes denuncian que se les negaron incluso viandas básicas tras jornadas laborales que excedieron las diez horas consecutivas. “Muchos de estos operativos que se cobraban no terminaban abonándose porque se nos decía que se debía cubrir gratis”, explicó un informante anónimo. Sin embargo, se constató que los organizadores habrían pagado cifras cercanas a los 7 millones de pesos por servicio.
La investigación administrativa también alcanza a otros jefes locales que podrían haber actuado como cómplices o facilitadores del esquema. Se sospecha que existía un acuerdo tácito para ocultar el destino final de las recaudaciones por los contratos adicionales. Esta red de encubrimiento habría permitido que las irregularidades se sostuvieran en el tiempo sin mayores inconvenientes legales. El destino del dinero sigue siendo, hasta el momento, una de las mayores incógnitas para los peritos.
Se espera que en las próximas semanas intervenga la justicia ordinaria con medidas más severas. El temor a represalias internas mantiene a muchos policías en un estado de alerta y cautela extrema al declarar. Sin embargo, la acumulación de pruebas documentales parece ser suficiente para avanzar con imputaciones formales contra la cúpula implicada. La transparencia en el cobro de adicionales está hoy bajo un cuestionamiento sin precedentes en la institución.
