La Justicia de Neuquén otorgó la libertad condicional a Pedro Jofré, el tirador de ATE que efectuó disparos durante una protesta en 2022, en San Martín de los Andes. El beneficiario cumplía una condena de 8 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, portación de arma y encubrimiento. La decisión judicial se fundamentó en el cumplimiento del tiempo mínimo de la pena y un comportamiento ejemplar dentro del establecimiento penitenciario.
El hecho ocurrió el 29 de julio de 2022 en pleno centro de San Martín de los Andes. En medio de una violenta manifestación sindical, Jofré extrajo un arma de fuego y disparó contra una multitud. El ataque hirió gravemente a la empleada municipal Elena Cabeza y puso en riesgo la vida de dos reporteros gráficos que cubrían la jornada de protesta.
Durante el proceso de ejecución penal, el condenado transitó por un régimen progresivo que incluyó diversas etapas de flexibilización. Inicialmente, Jofré accedió a salidas transitorias de doce horas cada dos meses bajo estrictas medidas de seguridad y control judicial. Estos pasos previos fueron fundamentales para que su defensa solicitara finalmente la libertad condicional ante el juzgado correspondiente en la capital provincial.
La jueza de ejecución penal, Raquel Gass, fue la encargada de formalizar la resolución durante una audiencia realizada el pasado 13 de abril. Según los informes técnicos, el detenido no registró sanciones disciplinarias y completó estudios y talleres de formación laboral. Estas actividades permitieron una reducción en el cómputo total de su tiempo de reclusión efectiva tras las rejas.
Sin embargo, el beneficio otorgado generó un profundo malestar en las víctimas directas del ataque armado. Elena Cabeza, quien aún padece secuelas físicas y psicológicas por el proyectil recibido, expresó su rechazo ante la celeridad de los beneficios otorgados. La querella recordó que el agresor disparó a corta distancia contra civiles desarmados en una vía pública transitada.
Para mitigar el impacto social y proteger a los afectados, la justicia impuso restricciones geográficas severas al condenado. Pedro Jofré tiene terminantemente prohibido el ingreso a la localidad de San Martín de los Andes por lo que resta de su condena. Asimismo, rige una orden de restricción de acercamiento y contacto por cualquier medio con los damnificados y sus familiares.
Las imágenes capturadas por los fotógrafos presentes mostraron con crudeza el momento exacto en que la protesta derivó en un intento de asesinato. La resolución judicial actual cierra una etapa procesal, pero mantiene abierta la herida en la comunidad local.