La comunidad del Instituto Superior de Formación Docente N° 6 llevó su reclamo directo a la Legislatura provincial. Estudiantes, docentes y familias se movilizaron concentrándose frente al edificio gubernamental. Exigen la inmediata revisión de una polémica medida del Consejo Provincial de Educación.
La resolución oficial estipula la clausura definitiva de las salas infantiles para comienzos del próximo año. Desde el organismo argumentan una merma en la matrícula escolar de ese sector. Sin embargo, los padres rechazan tajantemente esa justificación técnica y económica.
El impacto social de la medida afecta la continuidad de las trayectorias académicas de los adultos. El actual esquema horario permite a muchos alumnos cursar sus estudios superiores mientras sus hijos asisten al establecimiento. La quita de este beneficio directo dificultará severamente la permanencia en las aulas.
Las alternativas institucionales propuestas por el gobierno no solucionan la problemática de conectividad y vacantes. Trasladar a los niños a los barrios linderos implica una pérdida de tiempo considerable en el viaje diario. Esta alteración logística generará que los universitarios pierdan horas esenciales de cursada obligatoria.
La incertidumbre general ya se trasladó a las familias del nivel primario de la institución educativa. El personal docente advirtió que las autoridades no brindan respuestas claras sobre el futuro de los ciclos siguientes. La desarticulación del complejo rompe los lazos sociales históricos construidos por la vecindad.
El conflicto sumó el respaldo de legisladores provinciales en el recinto durante las últimas jornadas. Los diputados exigieron de manera formal informes documentados y detallados al Poder Ejecutivo sobre esta reestructuración. La comunidad educativa viene visibilizando el conflicto mediante sucesivas acciones de protesta en la capital.
Los representantes gremiales y políticos coinciden en el impacto negativo de estas decisiones administrativas. Señalan que la desanexión de los departamentos educativos constituye un recorte encubierto del presupuesto estatal. “Cerrar o desarticular cualquier nivel educativo implica un ajuste concreto”, denunciaron los sectores movilizados.
Las familias damnificadas mantienen firme el estado de alerta y asamblea permanente en la región. Exigen que los funcionarios del área de educación fundamenten públicamente el destino del jardín de infantes. El colectivo busca frenar la aplicación efectiva del decreto antes de los plazos fijados.
