El director Obrero del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Pablo Azúa, detalló las graves falencias estructurales que afectan la prestación de los servicios del organismo. La falta de personal idóneo y de maquinaria propia encabeza los principales reclamos.
El representante de los trabajadores reveló que el plantel estatal se encuentra diezmado tras registrarse la baja de 154 agentes por jubilación. Estas vacantes operativas no fueron cubiertas por la administración central en las diferentes localidades de la provincia. La situación genera una sobrecarga laboral en los operarios que deben sostener el suministro diariamente.
La planta de personal apenas creció en las últimas dos décadas, pasando de 630 a 700 empleados en todo el territorio. Sin embargo, el organismo sumó complejos sistemas de envergadura como Mari Menuco, Los Barriales y las plantas de Senillosa y Andacollo. La expansión demográfica de las comunidades no estuvo acompañada por un fortalecimiento del recurso humano estatal.
Las falencias materiales obligan a los operarios a realizar tareas esenciales mediante herramientas de mano precarias debido a la falta de equipamiento tecnológico. En varias plantas del interior neuquino, las retroexcavadoras y los camiones desobstructores se encuentran fuera de servicio por falta de presupuesto para reparaciones. Ante este panorama, la conducción opta por el alquiler de equipos a firmas particulares.
“El 84% de los recursos del EPAS se están invirtiendo en estas empresas”, afirmó Azúa. El director obrero criticó con dureza este mecanismo de triangulación de fondos públicos hacia el sector privado. Aseguró que la institución posee talleres y torneros calificados para realizar los arreglos correspondientes de forma interna.
La polémica sumó un capítulo económico tras la compra y reparación externa de un lote de cuatro bombas de impulsión. Desde el sector gremial denunciaron que el trabajo demandó una erogación cercana a los 54 millones de pesos a un proveedor. Los operarios estatales sostienen que la reparación en talleres propios hubiese costado menos de la mitad del valor abonado.
“Si esas mismas bombas se repararan dentro del EPAS se podrían hacer por menos de la mitad de precio”, argumentó el referente. El dirigente aclaró que el presupuesto mensual del ente alcanza los 5.000 millones de pesos, pero consideró que los fondos están mal distribuidos.
La representación sindical descartó que las protestas busquen desgastar la imagen de la empresa pública para forzar su transferencia al sector privado. Advirtieron a los usuarios que una privatización derivaría en tarifas impagables y una caída estrepitosa en los niveles de inversión. Los trabajadores ratificaron que defenderán el carácter estatal del servicio mediante asambleas en los distritos.
