Luego de aceptar la formulación de cargos, la justicia neuquina se prepara para una jornada determinante en el caso que involucra al intendente de Plottier. Este miércoles al mediodía, la jueza Carina Álvarez comunicará su veredicto sobre las medidas cautelares solicitadas contra Luis Bertolini. La expectativa gira en torno a si el mandatario deberá cumplir una prisión domiciliaria de seis meses o si recuperará su libertad ambulatoria.
El proceso judicial contra el jefe comunal ya se encuentra formalmente en marcha tras la reciente formulación de cargos. Bertolini es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en un contexto de contrataciones irregulares. Junto a él, otros funcionarios y particulares están bajo la lupa de la fiscalía por maniobras económicas de gran escala.
La acusación sostiene que se montó una estructura de contrataciones públicas diseñada para beneficiar a proveedores específicos de forma sistemática. Según los registros analizados, el monto total de estas operaciones superaría los 2.300 millones de pesos. Este entramado delictivo se habría desarrollado de manera sostenida entre el inicio de 2024 y marzo de 2026, manifestó la fiscalía.
La jueza de Garantías validó la imputación al considerar que existen elementos suficientes para sostener la etapa inicial de la investigación. Las penas previstas para este tipo de delitos contemplan hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Asimismo, se prevén multas millonarias que podrían duplicar el valor de las maniobras financieras detectadas por los peritos.
Durante la audiencia, la fiscal Rocío Rivero justificó la necesidad de restringir la libertad del intendente para proteger el proceso. “Analizamos todas las medidas posibles y la única eficaz para evitar el entorpecimiento de la investigación es la prisión domiciliaria”, afirmó la funcionaria judicial. Esta postura busca garantizar que las pruebas pendientes no sufran alteraciones o presiones políticas.
Respecto a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, la fiscalía optó por una estrategia cautelar diferente debido a su domicilio en Cipolletti. En su caso, se solicitó formalmente la prohibición de acercarse a las dependencias de la municipalidad de Plottier. Esta medida busca desvincularla del manejo diario de la administración pública mientras se recolectan más testimonios y documentación oficial.
Por otro lado, la magistrada se ordenó el embargo de las cuentas bancarias pertenecientes a los particulares involucrados en el esquema. Aunque se rechazó la inhibición general de bienes de todos los imputados, el control sobre el flujo monetario de los empresarios permanece vigente. Los defensores del intendente intentaron plantear nulidades en el proceso, pero sus reclamos fueron desestimados por la jueza interviniente.
La defensa de Bertolini insiste en que las medidas de la fiscalía son excesivas y carecen de fundamentos sólidos. Mientras tanto, el avance de la investigación determinará el futuro político y legal de la cúpula administrativa de la localidad.
