El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se encuentra en el centro de la escena tras la presentación de una grave denuncia anónima que apunta contra una funcionaria de rango jerárquico por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, malversación y un llamativo crecimiento patrimonial. El documento detalla sospechas sobre la incompatibilidad entre los ingresos formales y el nivel de vida exhibido.
La persona señalada en la presentación es responsable del Laboratorio Central. Ella ocupa ese cargo jerárquico desde hace aproximadamente siete años en la administración provincial. Su puesto conlleva el contacto directo con proveedores y poder de decisión en las contrataciones. El texto acusa un crecimiento patrimonial desmedido a partir de asumir esa función pública.
La denuncia detalla que la funcionaria canceló un crédito hipotecario de una vivienda en el Barrio Urbanización Bosch. En esa misma propiedad se habrían edificado recientemente una piscina y un departamento adicional. También se menciona la compra de un terreno y la posterior edificación de un inmueble en el Barrio Prima Terra. Allí se habría mudado la investigada junto a su familia a finales del año pasado.
A estos inmuebles se sumaría la adquisición reciente de un vehículo Toyota Hilux 0 Km. El escrito advierte que parte de los insumos de construcción provinieron supuestamente de fondos públicos. También describe frecuentes viajes de compras al vecino país de Chile durante el último período. Los cuestionamientos apuntan a una falta de correlación con su salario estatal.
Existen además reproches sobre el uso indebido de los bienes pertenecientes al organismo neuquino. Se afirma que la funcionaria utilizó otra camioneta oficial para traslados enteramente particulares. Con ese rodado retiraba diariamente a sus hijos del colegio hasta mediados de octubre pasado. Estas conductas habrían ocurrido de forma habitual ante la vista de otros empleados.
Finalmente, la presentación alerta sobre supuestos sobreprecios en los insumos específicos del laboratorio central. Incluso se sospecha de la utilización de sustancias químicas y equipamiento estatal con fines lucrativos privados. El organismo deberá tramitar las actuaciones administrativas solicitadas para salvaguardar la transparencia pública. Los datos del reclamo interno servirán además de base para futuras acciones ante la sede judicial.
