La causa judicial por un presunto fraude contra la mutual y la ART del gremio de Petroleros Privados se reabrió oficialmente este lunes. La investigación involucra a un médico laboralista y a tres abogados por la presunta utilización de documentación y pericias falsas.
La denuncia original se radicó en la fiscalía de Chos Malal tras detectar graves irregularidades en los trámites. El profesional de la salud emitía certificados apócrifos para inducir al error al juez civil interviniente en las demandas presentadas.
Las sospechas recayeron sobre los expedientes de siete operarios pertenecientes a una misma empresa petrolera. La modalidad repetía el esquema de otros dos procesos judiciales que resultaron con fallos adversos para la entidad mutual.
El desfalco quedó en evidencia al comprobarse que el médico nunca entrevistó personalmente a los trabajadores denunciantes. En las fechas consignadas en los informes, los empleados se encontraban prestando servicios en un yacimiento cercano a Buta Ranquil.
Desde el área de Recursos Humanos de la firma confirmaron que los operarios no padecían las afecciones mencionadas. Las autoridades señalaron que, con esas dolencias, los trabajadores no habrían podido cumplir sus tareas habituales en el campo.
El abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco encuadró las maniobras dentro de una presunta asociación ilícita para cometer estafa procesal. “Buscaban inducir a engaño al magistrado civil mediante el uso de informes y certificados apócrifos”, sostuvo la representación del sindicato.
Durante la audiencia, la jueza Leticia Lorenzo respaldó la reapertura solicitada por el fiscal Víctor Salgado. La magistrada ratificó las medidas de prueba y mantuvo el secuestro del teléfono celular y un equipo informático del médico.
Los peritos analizan la geolocalización de los dispositivos y las posibles comunicaciones entre el profesional y los operarios. Paralelamente, los trabajadores declararon ante un escribano público que jamás mantuvieron contacto ni fueron evaluados por el traumatólogo investigado.
La querella estimó que la maniobra delictiva bajo análisis supera el millón y medio de dólares en reclamos. El gremio conducido por Marcelo Rucci busca frenar este tipo de estafas que comprometen seriamente el patrimonio de la institución.
