El gobierno de Neuquén puso en funcionamiento SIRNEU, una moderna plataforma digital diseñada para optimizar el Registro de Violencia Familiar y de Género. La iniciativa busca garantizar que las restricciones judiciales tengan un impacto inmediato sobre los infractores. El desarrollo fue coordinado entre la OPTIC, el Ministerio de Gobierno y el Poder Judicial.
Esta nueva base de datos optimiza la aplicación de la Ley 3233, sancionada en 2020. La norma estipula la inscripción obligatoria de personas con medidas cautelares o condenas firmes por violencia. Los datos se cruzan en tiempo real con el Renaper para evitar errores de filiación.
El director provincial de Gobierno y Justicia, Mario Jordán Díaz, brindó detalles del sistema. El funcionario aclaró que cualquier ciudadano puede consultar la base de forma libre y gratuita. Solo se requiere ingresar el número de DNI y el género en la web oficial.
La permanencia en este padrón público acarrea severas inhabilitaciones institucionales en todo el territorio neuquino. Los registrados no podrán ingresar a la administración pública ni postularse a candidaturas electivas. Tampoco podrán concursar en el Poder Judicial, ser proveedores del Estado o tramitar la licencia de conducir.
El objetivo central es acelerar los tiempos administrativos de las resoluciones de los juzgados de familia. Al respecto, Jordán Díaz remarcó que buscan que las medidas “dejen de sufrir dilaciones burocráticas y surtan efecto de manera instantánea”. De este modo, se dota de mayor eficiencia a las herramientas de protección.
Asimismo, la Dirección de Gobierno y Justicia promueve la articulación con el sector privado para extender el control social. El organismo ya suscribió cerca de 70 convenios de cooperación con diversas cámaras empresariales, firmas comerciales y entidades civiles.
A través de este acuerdo, las oficinas de recursos humanos requerirán obligatoriamente el certificado de libre deuda de violencia. También se solicitará el de deudores alimentarios morosos durante las búsquedas laborales. La medida busca limitar la empleabilidad corporativa de quienes ejerzan conductas coactivas.
