En Río Negro analizan una propuesta legislativa orientada a combatir los fraudes electrónicos organizados por personas privadas de la libertad. La normativa pretende restringir de manera absoluta la conectividad a internet y el uso de dispositivos de telefonía móvil en los penales. De esta forma, las autoridades provinciales buscan erradicar el constante flujo de llamadas engañosas que perjudican diariamente a los ciudadanos.
La iniciativa parlamentaria fue impulsada por los representantes de la bancada PRO-Unión Republicana debido al crecimiento de diversas modalidades delictivas virtuales. Entre las principales preocupaciones se destacan el robo de datos de cuentas bancarias, las extorsiones y las amenazas telefónicas planificadas desde los establecimientos penitenciarios. Los legisladores consideran fundamental actualizar el marco normativo actual para adecuarlo a las nuevas tecnologías que emplean las bandas criminales.
El eje central de la reforma consiste en sumar una nueva figura jurídica denominada “privación de libertad digital” dentro de la normativa correspondiente. Este concepto establece que el castigo penal debe contemplar tanto el aislamiento físico del condenado como el bloqueo total de sus comunicaciones digitales. “Se propone incorporar al Código Procesal Penal el concepto de ‘privación de libertad digital’, una figura que no solamente implicaría el encierro físico”, explicaron los autores.
La presentación del proyecto coincide con el resultado de múltiples operativos de control desarrollados en los pabellones rionegrinos durante los últimos meses. En esas inspecciones sorpresa, los agentes penitenciarios incautaron una gran cantidad de teléfonos celulares y elementos tecnológicos que ingresaron de manera clandestina. Las pericias oficiales confirmaron que la mayoría de estos aparatos electrónicos estaban directamente vinculados con estafas a usuarios desprevenidos.
A pesar de las severas restricciones propuestas, el texto aclara que no se anulará el derecho al contacto social de los internos. Las comunicaciones con los defensores legales, los juzgados y los entornos familiares se mantendrán vigentes bajo modalidades estrictamente reguladas. Para ello, los establecimientos deberán proveer aparatos de telefonía de línea fija gestionados y auditados de forma directa por el personal penitenciario.
Por último, la ley exigirá a la cartera de Seguridad y Justicia la colocación de equipamiento tecnológico específico en los perímetros carcelarios. La meta principal será el despliegue de dispositivos inhibidores de frecuencia para neutralizar cualquier señal telefónica móvil que intente operar de forma ilegal.
