Trabajadores de seguridad privada que se desempeñan en escuelas de Neuquén reactivó un viejo plan de lucha en demanda de un beneficio económico. El personal solicita la asignación de una bonificación especial que ya reciben los empleados de otras dependencias de la administración pública. La protesta cobró fuerza en las inmediaciones del Consejo Provincial de Educación, donde los manifestantes expusieron su malestar y la falta de soluciones por parte delEjecutivoprovincial.
La medida de fuerza afectó directamente el normal funcionamiento de la custodia en los establecimientos de diversos puntos del territorio provincial. Desde el sindicato explicaron que el pedido no constituye una novedad para los funcionarios del área educativa, ya que llevan mucho tiempo enviando notas oficiales. Los trabajadores consideran injusta la exclusión de esta gratificación salarial y exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera inmediata.
Elpedido es que la bonificación quede establecida en las cláusulas de las próximas licitaciones que realice el Estado neuquino. Sostienen que, aunque dependen de firmas particulares, su labor se desenvuelve enteramente en el ámbito público y merece la misma consideración. “Consideramos que la equiparación con otros sectores que cumplen tareas en ámbitos públicos es un criterio razonable”, manifestaron desde la conducción gremial.
Además del descontento por los haberes, los representantes sindicales denunciaron serias fallas en la gestión de los convenios de prestación de servicios. Afirmaron que los marcos regulatorios vigentes se encuentran vencidos y se sostienen únicamente mediante extensiones provisorias aprobadas de forma excepcional. Esta modalidad precariza la situación laboral de los agentes y genera dudas respecto a la estabilidad de sus puestos de trabajo en el mediano plazo.
Ante la falta de respuestas positivas por parte de la cartera educativa, la organización gremial recurrió a los estamentos de mediación laboral del Gobierno. Los trabajadores solicitaron formalmente la apertura de un canal de negociación a través de la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto general.
