El proceso de revocatoria de mandato contra el intendente de Allen, Marcelo Román, alcanzó una instancia decisiva tras superar las 4.579 firmas requeridas. Este volumen de adhesiones representa el 20% del padrón electoral local. La confirmación del piso normativo permite habilitar la consulta democrática.
Llegar a este número de firmas no destituye directamente al jefe comunal. La meta alcanzada otorga la facultad de decisión a la ciudadanía mediante el voto. Los electores de la ciudad determinarán la continuidad de la gestión.
El Concejo Deliberante de Allen deberá recibir formalmente las planillas firmadas por los vecinos. Posteriormente, el cuerpo legislativo municipal formalizará la convocatoria al referéndum popular. La participación en las urnas será de carácter obligatorio para todos los votantes registrados.
El procedimiento ciudadano comenzó el pasado 10 de septiembre a partir de la iniciativa de la vecina Silvina Cantero. La impulsora de la medida aclaró que la acción no responde a un enfrentamiento personal. Explicó que el reclamo cuestiona exclusivamente la conducción del gobierno local.
Paralelamente, el jefe comunal Román manifestó su rechazo a la validez de la recolección de firmas durante entrevistas periodísticas. El jefe comunal adelantó que recurrirá a la vía judicial para intentar frenar la convocatoria en las urnas.
Causa penal y cuestionamientos a la gestión
La postura del intendente persiste a pesar del dictamen dictado por el procurador general Jorge Crespo, quien desestimó la presentación judicial previa. Román insistió en cuestionar el procedimiento mientras el proceso popular continúa su curso.
El jefe comunal enfrenta simultáneamente una investigación penal por presunto peculado a raíz de irregularidades financieras. La causa judicial comenzó tras la denuncia formulada por la exsecretaria de Hacienda de la comuna.
El querellante Santiago Güenumil señaló la existencia de decisiones administrativas tomadas fuera de los canales oficiales. El abogado remarcó la influencia del empresario imputado Sebastián Ocampo en las decisiones gubernamentales. “Existe en la intendencia un hombre que no es el Intendente, que tiene más autoridad que el intendente”, afirmó.
Antecedentes e impacto institucional en la comuna
Las pericias telefónicas expusieron órdenes sobre el uso de recursos municipales e intervenciones en licitaciones públicas. La investigación comenzó por la compra de un celular corporativo pagado con fondos públicos y asignado a un particular.
El cruce de antenas telefónicas derivó en nuevas inspecciones por presuntas inversiones inmobiliarias en la villa balnearia de Las Grutas. El seguimiento policial ubicó los dispositivos en un complejo turístico vinculado a la causa.
El conflicto institucional derivó en la suspensión preventiva del mandatario aprobada por el Concejo Deliberante a mediados de año. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia revocó dicha resolución y permitió la reasunción formal de Marcelo Román al frente del municipio.
