Lo que parecía un simple detalle organizativo en la conmemoración patria del 9 de Julio en Villa La Angostura derivó en una disputa política. La discrepancia por la asignación de asientos amenaza con derivar en acciones administrativas y judiciales de envergadura.
La controversia se originó tras el pedido formal presentado por el concejal Héctor Vénica ante la Mesa de Entradas municipal. El edil de Juntos por el Cambio cuestionó duramente la ubicación que le asignaron durante el evento patrio.
El concejal remitió una misiva dirigida al intendente Javier Murer para exigir explicaciones sobre el criterio organizativo aplicado. Vénica denunció que no recibió el trato correspondiente a su investidura republicana por quedar marginado de la fila principal.
“La ubicación de las autoridades no constituye una cuestión meramente formal, sino una expresión visible del orden institucional, del respeto republicano y de la representación democrática que cada funcionario ejerce”, sostuvo Vénica en el escrito.
La presentación remarca las pautas históricas que rigen la ceremonialidad pública en los eventos de la comuna. El reglamento establece que el jefe municipal ocupa el centro acompañado por la viceintendenta y el cuerpo legislativo comunal.
“El presente requerimiento no persigue una cuestión personal menor, sino la defensa y el respeto institucional que corresponden a todo cargo conferido por la voluntad popular”, enfatizó el edil opositor.
El reclamo exige la nómina completa del personal responsable del diseño, autorización y ejecución de las directivas protocolares. Asimismo, la solicitud demanda la entrega de los esquemas organizativos, actas internas e imágenes fotográficas de la jornada.
La bancada opositora busca determinar si existió una intencionalidad política deliberada en la asignación de los lugares físicos. Por ello, el concejal exigió la copia íntegra del expediente administrativo generado alrededor de la conmemoración patria.
Vénica dejó planteada la reserva explícita para acudir a los tribunales ordinarios si no obtiene una contestación satisfactoria. La acción legal evaluará posibles conductas arbitrarias, discriminatorias o abusivas de los funcionarios encargados del evento oficial.
