Hugo Adrián Jara, histórico movilero de LU19 de Cipolletti, fue condenado a nueve años de prisión efectiva por abuso sexual agravado contra un menor. El veredicto de culpabilidad determinó su responsabilidad penal en los hechos investigados.
El fallo judicial fue emitido por un tribunal colegiado tras comprobarse los abusos reiterados cometidos contra un niño a su cuidado. La acusación del Ministerio Público Fiscal fue ratificada plenamente durante el desarrollo del debate oral.
Pese a la condena impuesta, el comunicador continuará en libertad mientras la sentencia no adquiera firmeza legal. Las autoridades judiciales rechazaron la solicitud para colocarle un dispositivo de monitoreo electrónico.
La fiscal del caso, Rocío Guiñazú, había solicitado la pena fijada y reclamó medidas cautelares estrictas para evitar una eventual fuga. Sin embargo, los jueces ponderaron su conducta previa durante la tramitación del proceso penal.
El debate judicial reunió testimonios de profesionales médicos, peritos especializados y personas del entorno cercano de la víctima. Las pruebas presentadas acreditaron la gravedad de la conducta atribuida al imputado.
Riesgo de fuga y debate sobre las medidas cautelares
La representación del Ministerio Público Fiscal advirtió sobre la fragilidad del arraigo del condenado en la zona. Frente a esa postura, la defensa solicitó mantener las condiciones de libertad vigentes.
Los magistrados Guillermo Baquero Lazcano, Julio Sueldo y Marcelo Gómez decidieron por unanimidad no aplicar el uso de tobillera electrónica. El tribunal consideró que imponer dicho control entorpecería su desempeño laboral actual como chofer de taxi.
La defensa del experiodista ratificó que apelará la resolución ante las instancias de revisión superiores. De esta forma, la ejecución efectiva de la pena quedará supeditada al resultado de los recursos previstos.
Repercusión pública
El fallo provocó un fuerte impacto social en toda la región debido a la conocida actividad periodística de Jara. Durante años fue la voz del servicio informativo radial y de las transmisiones deportivas locales.
Su desvinculación de la emisora estatal se produjo en las etapas iniciales de la investigación penal. La resolución judicial coloca al excomunicador en el centro de uno de los expedientes más graves tramitados en los tribunales cipoleños.
