El interbloque opositor Neuquén República consiguió, en la Legislatura, los votos necesarios para imponer un tratamiento preferencial en el recinto de sesiones. De esta manera, el cuerpo forzó la discusión del proyecto que busca transparentar la evolución de los bienes de los agentes públicos. La iniciativa comenzará a ser analizada formalmente la próxima semana en el ámbito de las comisiones permanentes.
La decisión reglamentaria modifica los tiempos habituales del parlamento provincial y acelera los plazos de un debate largamente postergado. La resolución obliga a las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales a incorporar la propuesta de manera prioritaria en su orden del día. El objetivo de la reforma es derogar el secreto patrimonial que rige actualmente bajo el amparo de la histórica Ley 5.
La discusión expuso visiones contrapuestas entre las diferentes fuerzas políticas respecto al acceso a la información y el control ético. Desde la oposición sostienen que la publicidad de los datos financieros es un requisito indispensable para sanear el vínculo entre la sociedad y sus representantes. El proyecto alcanza a las máximas jerarquías pertenecientes a los tres poderes que componen la estructura del Estado neuquino.
Los impulsores del proyecto explicaron que la propuesta resguardará únicamente los datos que afecten la seguridad individual de los obligados. “Permitirá constatar de forma pública el patrimonio con el que los agentes ingresan y egresan de las estructuras de la función pública”, argumentó el diputado César Gass para justificar la urgencia del cambio.
En sintonía, los miembros de la bancada cuestionaron la vigencia de los actuales mecanismos de fiscalización interna por considerarlos desactualizados. Los legisladores defensores del proyecto instaron a sus pares a transparentar sus activos financieros de manera voluntaria antes de la sanción definitiva. “La actividad política debe concebirse como un servicio comunitario y no como una plataforma de beneficio personal”, enfatizó la diputada Brenda Buchiniz en su alocución.
La votación para aprobar la preferencia reglamentaria evidenció una clara fractura entre el bloque oficialista y el arco opositor. La propuesta cosechó adhesiones transversales que incluyeron a representantes del peronismo y de los partidos tradicionales de la provincia. Esta alianza temporal permitió reunir las voluntades requeridas para superar la resistencia inicial de la bancada del Gobierno.
Por el contrario, el núcleo del oficialismo se mantuvo orgánicamente en una postura de rechazo y decidió no acompañar el requerimiento. Argumentaron reparos metodológicos ante la reforma de los protocolos de control vigentes. Las próximas semanas resultarán fundamentales para determinar si la oposición unificada logra emitir un dictamen de mayoría. De conseguirlo, el proyecto quedará habilitado para su tratamiento definitivo de cara a una futura sesión ordinaria.
