La Justicia neuquina dictó un duro revés para la estrategia legal de un entrenador de fútbol imputado por múltiples delitos de índole sexual. El magistrado a cargo de las actuaciones rechazó de forma categórica una solicitud para morigerar las condiciones de detención del imputado. De esta manera, el juzgado interviniente ratificó plenamente la vigencia de la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario convencional.
La resolución judicial se produjo tras una intensa audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por los abogados defensores del sospechoso. El entrenador, identificado mediante sus iniciales D.E.M., se encuentra bajo investigación por presuntos abusos a jugadores de categorías formativas del club Unión Vecinal.
Durante el desarrollo de la jornada, la defensa técnica del profesor argumentó la aparición de supuestos factores novedosos en el expediente. Los letrados requirieron la inmediata externación de su cliente o el beneficio alternativo de la reclusión en una vivienda particular. Para respaldar esta postura, arrimaron al legajo una serie de informes periciales recientes y estudios socioambientales del inmueble propuesto.
Por su parte, el fiscal del caso, Gastón Medina, junto a la asistente letrada Cecilia Sabatte, plantearon una oposición tajante. Los funcionarios públicos sostuvieron que los peligros para el normal desarrollo del proceso criminal continúan plenamente activos y sin alteraciones. El bloque acusador recalcó el impacto social de las conductas denunciadas en el ámbito comunitario.
La representación fiscal hizo hincapié en la necesidad de resguardar el testimonio de los damnificados de cara al próximo debate oral. “La gravedad de los hechos y la alta expectativa de pena justifican que el acusado permanezca tras las rejas”, enfatizaron los representantes del Ministerio Público Fiscal durante los alegatos.
La situación del director técnico es sumamente comprometida debido a los antecedentes inmediatos de la causa penal en curso. Los investigadores ventilaron que el sujeto ya había desobedecido órdenes de restricción de acercamiento que le fueron impuestas en los inicios del proceso. Actualmente, arrastra cargos formales por abuso sexual, acoso virtual, promoción de la prostitución y corrupción de menores.
Al momento de dictaminar, el juez de garantías convalidó de manera íntegra la plataforma argumental expuesta por los miembros de la fiscalía. El magistrado evaluó que la posibilidad de evasión y el entorpecimiento probatorio son indicadores reales en esta estructura delictiva compleja.
Finalmente, el tribunal concluyó que las violaciones previas a los mandatos judiciales anulan cualquier tipo de confianza para otorgar un arresto domiciliario. Las autoridades judiciales priorizaron el interés superior del niño y ordenaron el inmediato traslado del procesado a su celda habitual de resguardo.
